Romaní apunta a finales de año para acabar con el atasco de la tesorería “y evitar así los perjuicios de la morosidad pública”

0
78

El consejero de Hacienda del Gobierno de Castilla-La Mancha, Arturo Romaní, ha señalado que la ampliación del mecanismo de pago a proveedores de 60,7 millones de euros y el nuevo mecanismo que actualmente se está tramitando de 264 millones de euros “nos tienen que llevar al resultado de que a final de este año hayamos conseguido eliminar el atasco de tesorería que encontramos y evitar así los perjuicios que causa la morosidad pública”.

Romaní ha firmado el préstamo de 60,7 millones de euros con cuatro entidades financieras, Caja Rural de Castilla-La Mancha y Globalcaja, Bankinter y Banco Popular, que respalda la ampliación del mecanismo de pago a proveedores por un importe de 60,7 millones de euros.romani-convenio

Con esta operación se van a pagar deudas pendientes de los años 2011 y anteriores, que se habían quedado fuera del mecanismo del año pasado “y algunas nuevas que se han incluido ahora como es el caso de los arrendamientos”, ha apuntado Romaní.

“Se trata de una operación muy importante que nos permite continuar con el proceso de reducción de la morosidad pública que estamos llevando a cabo en Castilla-La Mancha”, ha señalado.

Esta ampliación del mecanismo de pago a proveedores va a permitir pagar 9.464 deudas pendientes con 2.591 proveedores por un importe total de 60,7 millones de euros, por lo que ha destacado “los efectos positivos sobre la economía que supondrá esta inyección de liquidez”.

Dicha operación se enmarca dentro del proceso que se está llevando a cabo para reducir la morosidad pública en la región, y para lo que adicionalmente se han dedicado 336 millones de ingresos de 2013 a pagar obligaciones de años anteriores, se ha firmado un préstamo de 40 millones de euros con Caja Rural o se han puesto en marcha nuevos mecanismos de pago, entre otras medidas.

Por último, el consejero de Hacienda ha querido agradecer a las entidades financieras su colaboración en el proceso de reducción de la morosidad pública, así como el apoyo del Estado al poner en marcha la ampliación del mecanismo de pago a proveedores y la labor de gestión llevada a cabo por parte del personal de la Junta de Comunidades.